Panamá es un hub comercial y logístico, reconocido por tener la segunda zona franca más importante de la región, razón por la cual se profundizará el análisis al proyecto de ley, que modifica el Código Penal y dicta disposiciones relacionadas al comercio ilícito y contrabando. En ese sentido, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó conformar una subcomisión, conformada por los diputados Francisco Brea, Ariel Vallarino y Manuel Cheng, la cual permita robustecer el documento.

Durante la discusión del proyecto, Soraya Valdivieso, directora de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), manifestó que los delitos de contrabando y defraudación aduanera han existido desde la ley de 1984, por lo que son aplicables penas principales como la privación de libertad, multas, aplicación de penas accesorias como el comiso de mercancía, cancelación de licencias y de cables en el sistema informático.

Valdivieso continuó aclarando conceptos jurídicos que explican que la ANA tiene competencia y jurisdicción para perseguir, investigar y sancionar los delitos del comercio ilícito y contrabando.

Recalcó que para ello cuenta con toda una estructura investigativa sumarial y jurisdiccional para todo el proceso penal aduanero. Panamá tiene una ley especial aduanera que no tienen otros países de la región, además contamos con una de las principales zonas francas de la región.

Por su parte, la diputada proponente, Walkiria Chandler, dijo que busca robustecer las medidas en el combate del contrabando y comercio ilegal, pues generan un impacto económico y generan grandes pérdidas en la recaudación de impuestos.

En tanto, José Isaac Barrios, fiscal Superior de Litigación de la Procuraduría General de la Nación, señaló que entre los puntos a destacar están los principios constitucionales y legales, y que es importante tener presente el tema del umbral en el monto de intervención por parte del Ministerio Público.

Participaron de la reunión, representantes de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, del Colegio Nacional de Abogados, Universidad de Panamá, Crime Stoppers International para Caribe, Bermuda y América Latina, entre otros.