A principios de los 90, Rubén Darío Carles (QEPD), apediano, entonces Contralor General de la República, recibió un Estado en quiebra y asumió el reto de reestablecer el crédito público y detener el despilfarro de los recursos del Estado. Sin duda alguna, el país habría sido otro y la recuperación económica imposible sin el cumplimiento de las leyes, la fiscalización y la disciplina que el entonces contralor aplicó.

Este recuerdo es relevante en estos momentos en que el país se prepara para escoger una de las figuras más trascendentales en materia de instituciones de control, transparencia, fiscalización y manejo eficiente de los fondos públicos: la elección del nuevo Contralor de la República de Panamá.

Dado el papel crítico que la figura del Contralor desempeña, su perfil debe estar en sintonía con los más altos estándares de la ética y el profesionalismo. Además de los requisitos constitucionales, la figura del Contralor debe cumplir con cualidades que aseguren una gestión eficiente, pero, sobre todo, que la realice con verdadera integridad e independencia, sin influencia de intereses políticos o económicos.

Dirigir la Contraloría General de la República, es también contar con una capacidad técnica y un profundo conocimiento de las finanzas públicas, respaldada por una trayectoria profesional sobresaliente.

Otra característica esencial en el perfil del Contralor es su compromiso con la transparencia con una visión estratégica, un pilar fundamental en la gestión pública, que fomente la rendición de cuentas y participación ciudadana, de manera que la información sobre el uso de nuestros recursos sea accesible y clara, a través del uso de la tecnología y la innovación, dentro de los principios del gobierno abierto, para garantizar la fiscalización ciudadana de forma permanente.

La elección del próximo Contralor de la República es un proceso que impactará directamente en la credibilidad que los ciudadanos depositan en sus instituciones.

Panamá ha sufrido las consecuencias negativas de elegir figuras en las que priman los acuerdos políticos sobre otros criterios técnicos o éticos, ya que no solo se ha debilitado la confianza en las entidades de fiscalización y por lo tanto, en los procesos democráticos, sino también se han deteriorado significativamente los recursos de todos los panameños.

Hacemos un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional, responsables por mandato constitucional de esta decisión, a examinar

cuidadosamente los requisitos y el perfil ideal de la persona que asumirá esta responsabilidad, en aras de fortalecer la democracia y garantizar un futuro próspero y justo para todos los panameños.