La Defensoría del Pueblo presentó un Informe Especial tras realizar, el 17 de septiembre de 2025, una inspección nacional en hospitales del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. El documento expone fallas estructurales y operativas que ponen en riesgo el derecho a la salud de miles de panameños, con hallazgos que abarcan desde deficiencias en limpieza hospitalaria hasta la falta de especialistas y medicamentos.

Durante la visita a centros médicos de Panamá, Chiriquí, Coclé, Darién, Herrera, Veraguas y Bocas del Toro, entre otras provincias, se verificó que los servicios de apoyo, como lavandería, manejo de residuos y limpieza, no cumplen con los estándares de bioseguridad requeridos. En hospitales como Nicolás A. Solano y el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, se detectaron carencias graves en dotación de personal, equipos obsoletos y productos químicos sin rotulación, lo que representa un riesgo inminente para pacientes y trabajadores.

El informe también advierte que la escasez de medicamentos, insumos quirúrgicos y reactivos de laboratorio es un problema recurrente. En algunos hospitales, apenas se abastece un 25% de lo requerido, obligando a pacientes a costear tratamientos en farmacias y laboratorios privados. Este desabastecimiento afecta especialmente a personas en situación de pobreza, incrementando la inequidad en el acceso a la atención médica.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de especialistas médicos en áreas vitales como neonatología, anestesiología y psiquiatría. En varias provincias, los hospitales apenas cuentan con un especialista por disciplina, y en turnos nocturnos o de madrugada no hay cobertura. Esta situación, según la Defensoría, puede derivar en retrasos quirúrgicos, diagnósticos tardíos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna.

El déficit de personal de enfermería y técnicos también sobresale entre los hallazgos. En múltiples centros hospitalarios, las enfermeras deben asumir dobles turnos y jornadas superiores a 24 horas, lo que eleva el riesgo de errores y compromete la seguridad del paciente. A esta sobrecarga se suma la falta de equipos en buen estado y la saturación de salas de urgencias, donde pacientes esperan en condiciones indignas.

En el área de hemodiálisis, la Defensoría constató desigualdad entre hospitales. Mientras algunos cuentan con salas adecuadas y número suficiente de máquinas, otros apenas logran cubrir la demanda con infraestructura limitada y personal insuficiente. Pacientes entrevistados manifestaron quejas sobre alimentación inadecuada, largos traslados y fallas en el suministro de insumos, lo que vulnera de forma directa su derecho a la salud y a un trato digno.

El informe concluye que estas deficiencias reflejan una desconexión estructural entre lo que se declara en contratos, dotaciones y planes, y la realidad operativa en los hospitales. Las condiciones observadas generan riesgos sanitarios, administrativos y financieros de alto impacto, que afectan tanto a pacientes como al personal médico.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exigió la implementación inmediata de medidas urgentes, como auditorías conjuntas, abastecimiento de medicamentos, refuerzo de personal y reparación de equipos hospitalarios. Además, pidió que se garantice un modelo uniforme de atención al asegurado y se fortalezcan los mecanismos de transparencia y supervisión. “El derecho a la salud no puede seguir condicionado por fallas administrativas ni por desigualdades territoriales”, subrayó la institución.