La Defensoría del Pueblo de Panamá participó activamente en la audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), centrada en la situación de las personas recicladoras y la reducción de emisiones de metano en América Latina, en el contexto de la actual emergencia climática.

Durante su intervención, el director nacional de Asuntos Ambientales de la Defensoría del Pueblo, Bolívar Rodríguez, recordó que en 2022 la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una denuncia penal contra la empresa Urbalia Panamá S.A., por presuntos delitos ambientales y sanitarios cometidos en el vertedero de Cerro Patacón, entre ellos el desborde de lixiviados y la ausencia de sistemas adecuados para la captación y control del gas metano.

Rodríguez destaca que, como parte del seguimiento a esta situación, la Defensoría del Pueblo sostuvo recientemente una reunión técnica con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), entidad que informa sobre una serie de intervenciones y mejoras implementadas en el sitio de disposición final de residuos. Estas acciones tienen como objetivo mitigar los impactos ambientales negativos y proteger los derechos de las comunidades cercanas, en especial de los recicladores y recicladoras que desempeñan un rol esencial en la gestión de residuos

Comprometida con la sostenibilidad y el derecho de todas las personas a vivir en un entorno sano, la Defensoría ha fortalecido sus iniciativas de educación y concientización ambiental. Entre ellas destaca la promoción del principio de las tres R (reducir, reusar, reciclar), con la instalación de una estación de reciclaje en su sede central y el impulso de alianzas con asociaciones de recicladores para consolidar una gestión integral y participativa de los residuos sólidos.

La audiencia contó con la presencia de los comisionados de la CIDH Stuardo Ralón, Carlos Bernal, Gloria Monique de Mees, José Luis Caballero y Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), así como representantes de organizaciones internacionales como AIDA, CEJIL, RENAREC, FARN, Fundación AVINA, Colectivo GAIA, REDLACRE, WIEGO y la Defensoría Pública de São Paulo.