Los impresionantes resultados en el Órgano Legislativo de las pasadas elecciones – de 71 diputados solo se reeligieron 13 - dejaron un mensaje claro y contundente: los Panameños queremos un cambio de fondo y de forma. Los Panameños queremos que la Asamblea Nacional haga las cosas de manera diferente.

Los resultados electorales mostraron un apoyo a los valores de respeto, a una agenda de renovación, transparencia y atención ciudadana. Razón por la cual, las impugnaciones a los procesos electorales deben ser presentados de manera oportuna y ser atendidas tanto con la celeridad que la ley establece como respetando la confianza depositada por los ciudadanos en las pasadas elecciones.

Además, con respecto a las impugnaciones, se tienen que tomar en consideración no solo el porcentaje de las actas cuestionadas por circuitos electorales sino la participación de los observadores de los distintos colectivos políticos en la elaboración y cumplimiento de los procedimientos para escrutar el voto ciudadano establecidos en el Código Electoral.

Es fundamental evitar suspicacias con el mandato de la voluntad ciudadana, debemos evitar que algunas impugnaciones de resultados en las elecciones para diputados se perciban que son, con el interés de asegurar una mayoría parlamentaria o para la escogencia de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Con la instalación de la Asamblea Nacional programada para el próximo 1 de julio, resulta imperativo la acción en derecho, con sentido de urgencia e inmediatez del Tribunal Electoral (TE) a fin de que el nuevo periodo comience respetando de forma rigurosa la voluntad popular de atender con prontitud las impugnaciones presentadas.

El TE debe asegurar -como tradicionalmente lo ha hecho- que cada voto sea respetado y que cada impugnación sea resuelta con la prontitud y la imparcialidad que el momento exige.

La próxima Asamblea Nacional tiene el potencial de ser un faro de cambio y esperanza para Panamá, en el cumplimiento de los principios de renovación, transparencia, atención ciudadana que nos lleve al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Ahora le corresponde al TE cumplir en Derecho para asegurar la voluntad popular emitida contundentemente por los panameños.