El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) presentó los resultados del estudio de opinión más reciente del Barómetro de las Américas de LAPOP, que ofrece una mirada particular sobre los desafíos democráticos, la confianza en el sistema político y las percepciones sobre la migración en el país.

La democracia panameña es una de las más jóvenes de la región, con elecciones libres, competitivas y periódicas desde la transición, y con indicadores de calidad de la democracia superiores a la media regional. Pero esta democracia enfrenta ahora los retos de numerosos escándalos de corrupción y de una ciudadanía que durante julio del 2022 y finales del 2023 salió enérgicamente a las calles, primero por el alto costo de vida y luego por un contrato minero controvertido.

Según la encuesta, en 2023 el 62% de las personas apoyaron la democracia, pero solo el 26% estuvieron satisfechos con ella, el segundo porcentaje más bajo para el país en la historia del Barómetro de las Américas.

Además, el 45% de la población prefiere un gobierno directo en lugar de representantes electos, una cifra que se ha duplicado desde los resultados de 2012.

Confianza en el Sistema Político: En 2023, solo el 39% señaló confiar en las elecciones, y un 66% cree que los políticos pueden averiguar cómo votó cada ciudadano. Las instituciones con mayor confianza son los medios de comunicación (55%) y la policía nacional (53%), mientras que la presidencia (24%), la asamblea (19%) y los partidos políticos (14%) tuvieron niveles de confianza mucho más bajos. El 74% de las personas encuestadas creen que la mayoría de los políticos están involucrados en corrupción, lo que subraya la crisis de legitimidad en el sistema político.

Migración en Panamá: Panamá, conocido como un “crisol de razas y culturas”, enfrenta retos significativos en la gestión de la inmigración. A pesar de que menos del 1% de los panameños consideran la inmigración como el principal problema del país, la integración de migrantes y la crisis migratoria en el Darién resaltan la necesidad de políticas efectivas. El 73% de los encuestados dice no tener problema con tener un inmigrante de vecino, y el 58% apoya ofrecer servicios sociales a esta población. Sin embargo, el apoyo disminuye para inmigrantes venezolanos (48%) y españoles (45%). El 66% de los encuestados cree que la inmigración venezolana perjudica la economía y el 78% considera que debilita la cultura nacional, aunque solo el 28% piensa que aumentan las tasas de criminalidad. A pesar de los desafíos políticos y económicos del país, solo el 21% de la ciudadanía tiene la intención de emigrar, uno de los porcentajes más bajos de la región.