Es parte de una serie de capacitaciones que recibirá todo el personal del Tribunal Administrativo de la Función Pública, TAFP, con miras a fortalecer sus competencias en la administración de las acciones de Recursos Humanos y Funciones Públicas de las entidades del Estado.

Por ser una introducción, se trataron temas como el funcionamiento de los diferentes Órganos de administración del Estado, en este caso el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las leyes que le competen, su alcance y ejecución. Sin dejar a un lado las instituciones centralizadas y descentralizadas, así como los Municipios y Juntas Comunales, que también ejercen función pública.

También se abordaron temas inherentes a las funciones y alcances de la Carrera Administrativa, sus principios y objetivos, además de conocer todos los organismos involucrados en su ejecución, en este caso la Dirección General de Carrera Administrativa, DIGECA, la Oficina Institucional de Recursos Humanos y la Junta Técnica de Carrera Administrativa, JTCA, entre otros.

Además, se dejó claro la definición del Servidor Público, sus características, requisitos que debe cumplir, capacidades y las leyes que regulan sus diferentes funciones. Igualmente se trataron otros temas, no menos importantes, como el Servicio Civil que, siendo dictado por Constitución, todavía hacen faltas leyes que los potencien siendo beneficioso para las instituciones.

La capacitación estuvo a cargo de la magistrada suplente del Tribunal, Lyda Angélica Rodríguez, y le acompañaron los Magistrados del TAFP, Carlos Ayala Montero y Nelly González Hernández, además de directivos de todos los niveles del Tribunal.

Estas inducciones forman parte del programa de capacitación del TAFP, buscando mantener siempre a sus funcionarios actualizados con el tema central que les compete en la administración del as funciones públicas.

*Sobre el Tribunal Administrativo de la Función Pública.* Es un Tribunal independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en toda la República de Panamá. Tendrá competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución y la Ley.