La ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles de Arango, lideró una mesa de trabajo interinstitucional de carácter prioritario que concluyó con la adopción de un plan de acción para fortalecer el sistema de albergues de protección y los centros de atención integral dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En el encuentro, la titular del Mides reafirmó que la protección integral de la niñez constituye una responsabilidad compartida del Estado y la sociedad, que requiere
coordinación efectiva, articulación institucional y decisiones inmediatas frente a un tema de alta sensibilidad y urgencia.
Dicha iniciativa del Mides se enmarca en las disposiciones de la Ley 285 de 2022, la Ley 14 de 2009 y el Decreto Ejecutivo 404 de 2020, que establecen los lineamientos para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia en el país.
El plan de acción acordado incorpora la revisión y actualización del Protocolo para la Atención de la Niñez sin Cuidado Parental en Albergues en Panamá, así como
su adopción formal, con el objetivo de ordenar, estandarizar y fortalecer la respuesta institucional en áreas clave que contempla, entre otras medidas, la adecuada clasificación de la población por rangos de edad y perfiles diferenciados y la identificación de necesidades individuales para asegurar intervenciones oportunas.
Se contempla, igualmente, el desarrollo de un abordaje técnico de conductas asociadas al trauma desde un enfoque especializado y el fortalecimiento de los
procesos de ingreso y asignación en los centros de atención.
Carles de Arango subrayó que el espacio de colaboración y coordinación fue concebido para el análisis y la toma de decisiones desde el ámbito funcional de
cada institución participante, siempre enfocado en avanzar sobre las líneas establecidas hacia resultados concretos, medibles y en plazos definidos.
En esta mesa de trabajo participaron representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud, la Universidad de Panamá, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, la Policía Nacional, Senniaf y de Unicef.
El citado plan descansa en el marco normativo vigente, con el fin de garantizar una atención diferenciada, con enfoque multidisciplinario y centrado en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
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