La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 34-25, que crea el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y establece otras disposiciones orientadas a fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de igualdad de género.

Esta transformación responde a una decisión estratégica del presidente José Raúl Mulino, reflejando el compromiso del Estado con la institucionalidad y con la construcción de una política pública más moderna, ágil y cercana a las mujeres.

“El presidente ha apostado por fortalecer la rectoría técnica sin debilitar la responsabilidad política. Esto significa un Estado más coordinado, donde las decisiones no se queden en los despachos, sino que lleguen a los territorios y transformen la vida real de las mujeres”, explicó Carles.

La ministra destacó que la reorganización permitirá que cada institución del Estado incorpore el enfoque de género en sus políticas y programas, garantizando que las
mujeres sean escuchadas, atendidas y representadas en cada nivel de decisión.

El nuevo Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) contará con autonomía técnica, administrativa y financiera, lo que garantizará independencia, continuidad y
mejores resultados. Esta reorganización permitirá menos burocracia, mayor agilidad, mejor focalización de recursos y más trabajo en territorio, fortaleciendo la
atención directa a las mujeres.

La reforma respeta el principio de no regresividad, asegurando que no se eliminan derechos de las mujeres ni programas, sino que se fortalece lo alcanzado.
Además, la dirección del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) será seleccionada con participación de las organizaciones y la sociedad civil, garantizando independencia, transparencia y legitimidad en su conducción.

Países como Argentina, Canadá, Colombia, España, Israel y Perú, han implementado estructuras similares, integrando el enfoque de género en toda la administración pública. Panamá se suma a esta tendencia, fortaleciendo la rectoría técnica sin perder la responsabilidad política ni el compromiso con los
derechos de las mujeres.

En este proceso, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) tendrá un rol articulador, coordinando los esfuerzos interinstitucionales, garantizando la
coherencia de las políticas sociales y respaldando al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para que sus decisiones se implementen en todo el territorio nacional,
asegurando que ninguna acción social quede sin perspectiva de mujer.