La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) rechazó ualquier acto de violencia como mecanismo de presión para la resolución de conflictos. En una sociedad democrática, el respeto a la ley y el diálogo son los únicos caminos legítimos para abordar los desafíos nacionales, incluyendo la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), manifestó la CCIAP en su tradicional Cámara Opina.

Enfatizan que en los últimos meses diversos sectores de la sociedad han tenido la oportunidad de expresar, a nivel nacional, sus posturas y presentar propuestas sobre cómo salvar la CSS. Este es un tema complejo que requiere de análisis serio, responsable y de consenso, no de imposiciones ni de actos delictivos que atenten contra la estabilidad del país.

"La violencia, la coacción y el secuestro de la ciudadanía no son métodos aceptables en una sociedad civilizada. Acciones dirigidas a infundir el terror para obligar un objetivo no solo generan caos e incertidumbre, sino que también alejan a Panamá de la convivencia pacífica, el desarrollo y la inversión, afectando a todos los ciudadanos, en especial a los más vulnerables".

Una vez más, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) ha demostrado su falta de compromiso con el diálogo y la concertación pacífica. A lo largo de la historia, este grupo ha recurrido a la intimidación, el bloqueo de vías y la imposición mediante la fuerza, señala el gremio.

"Los panameños hemos dejado claro que queremos un país en democracia y no respaldamos estrategias basadas en la confrontación y el caos", enfatizó la CCIAP.

Derecho a la protesta

Según el gremio empresarial, los sindicatos, al igual que los gremios empresariales y otras asociaciones, deben velar por los intereses de sus miembros sin convertirse en fuerzas de choque para imponer agendas particulares. En un Estado de Derecho, el derecho a la protesta es legítimo, pero debe ejercerse dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

Los cierres de vías, la destrucción de propiedad pública y privada, las amenazas y la violencia no son herramientas aceptables para exigir cambios.

"Estas acciones no solo afectan la movilidad y la ya golpeada economía, sino que también perjudican a miles de panameños que diariamente trabajan para sacar adelante a sus familias", subrayó la Cámara de Comercio.