La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la normativa que otorgaba la opción a los funcionarios que ocupan un cargo dentro de la administración pública a elegir entre el salario que devengan en esa posición o el que se ofrece como funcionario elegido por votación popular, como es el caso de alcaldes y representantes de corregimiento.

El máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales dos párrafos de la Ley 376 del 31 de marzo de 2023, que modificó la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y que hace referencia a los sueldos que devengan los representantes de corregimiento y sus suplentes electos, así como a los alcaldes y vicealcaldes electos.

Los abogados Roberto Ruiz-Díaz y Ernesto Cedeño interpusieron sendas demandas contra la ley que daba la opción a los funcionarios que laboran en la administración pública y que resultaron elegidos a un cargo de elección popular, a escoger el mejor salario entre ambas posiciones.